Convertido en uno de los terratenientes y encomenderos más ricos del territorio de la Audiencia de Charcas, Juan José Fernández Campero acrecentó el patrimonio recibido de su esposa lo que le permitió obtener de parte de la Corona Española el título de Márques del Valle de Tojo el 9 de agosto de 1708. En ese mismo año contrajo matrimonio con Josefa Gutiérrez de la Portilla.

Debido a la munificencia de sus donativos piadosos y el apoyo brindado a la Compañía de Jesús, la familia Fernández Campero gozó del prestigio propio de la antigua nobleza, aun cuando su título fuera reciente y comprado a la Corona.

Como muestra de su devoción, los Marqueses del Valle de Tojo dotaron al Colegio de la Compañía de Jesús de Tarija y a otras obras piadosas en esa ciudad, Potosí y Yavi.

El Marquesado constituyó el único título nobiliario concedido por la Corona de España en el territorio de lo que sería luego nuestra República Argentina, el cual estaba vinculado a un “mayorazgo” y sus propiedades en nuestro territorio estaban organizadas alrededor de la encomienda de Casabindo y Cochinoca.

Merece acotarse, que la Corona española también concedió el título de Conde de Buenos Aires a Santiago de Liniers y el de Vizconde de la Nueva Orán a Ramón García de León y Pizarro, Marqués de Casa Pizarro correspondiente al territorio de San Ramón de la Nueva Orán, Salta, ambos otorgados por el rey Fernando VII de España. El título nobiliario concedido a García de León y Pizarro fue el último concedido en el Virreinato del Río de la Plata pero careció de relevancia ante los sucesos de la Revolución de mayo de 1810.

La designación de “Marqueses de Yavi” es un toponímico habitual con el que se conocía a los Marqueses del Valle del Tojo por parte de la población, en referencia al lugar donde se encontraba su residencia principal (La residencia de verano), la hacienda y pueblo de Yavi, siendo el de “Marquesado del Valle de Tojo” el verdadero nombre de este marquesado del Alto Perú y Tucumán.

Los monumentos que hoy existen en la localidad de Yavi, como la iglesia de San Francisco y la Casona de los Marqueses, son las últimas construcciones en pie de uno de los numerosos centros poblados del Marquesado.

 El patrimonio de los Marqueses del Valle de Tojo continuó creciendo mediante la compra de propiedades, aparte de los ingresos obtenidos de las encomiendas reconocidas por la Corona. También la fortuna de la familia Campero aumentó durante el siglo XVIII, gracias al comercio de grandes manadas de mulas, destinadas al principal centro de demanda de estos animales: la explotación minera de la ciudad de Potosí. Las pasturas de la Puna eran aptas para la cría y el engorde de estos animales de transporte, como también permitía el transporte del oro y la plata extraídas de las explotaciones mineras a pequeña escala ubicadas en las propiedades del marquesado. Esta riqueza le permitió al primer marqués, Juan José Fernández Campero y Herrera, realizar donaciones para la construcción de las Iglesias de la Puna en Cochinoca y Casabindo y adquirir una magnífica biblioteca, como también contratar al pintor cuzqueño Mateo Pizarro para la decoración de la Iglesia de San Francisco de Yavi.

El territorio del Marquesado en su máximo apogeo llegó a comprender una región que se extendía por los actuales municipios de Chuquisaca, Tarija y Tupiza en Bolivia y los de Yavi, Casabindo, Cochinoca, Santa Victoria Oeste, Iruya, parte de Orán hasta San Antonio de los Cobres en Argentina, abarcando toda la Puna y gran parte de las Yungas, tanto de parte del territorio argentino como del boliviano.

El título nobiliario desapareció por las disposiciones de la Asamblea del año XIII que determinaban el fin de los privilegios nobiliarios y feudales en el territorio rioplatense. Durante este periodo de las Guerras de la Independencia, el cuarto marqués, Juan José Feliciano Fernández Campero, luego de un delicado equilibrio de lealtades entre los realistas y las fuerzas patriotas provenientes desde Buenos Aires, se sumó a las tropas revolucionarias de su pariente Martín Miguel de Güemes en la llamada Guerra Gaucha, siendo derrotado y capturado por el ejército realista en la Batalla de Yavi el 15 de noviembre de 1816. Capturado fue llevado a Lima para luego ser embarcado a España, muriendo en Kingston, Jamaica, el 22 de octubre de 1820, desde donde sus restos fueron repatriados por intermedio de la Cancillería argentina, en marzo de 2010.

Las fincas y demás bienes que constituían la base económica del antiguo Marquesado, fueron recuperadas y ampliadas mediante compra, por el heredero del último marqués, el general boliviano Fernando María Campero Barragán (1808-1883), quien ejerció el control de toda la región aprovechando la confusión reinante en la zona fronteriza entre la naciente República de Bolivia y la Confederación Argentina.

Autores como Juan Isidro Quesada, hacen referencia a que Fernando Campero fue reconocido como “el Marqués” por parte de su tío político, el mariscal Andrés de Santa Cruz, en mérito a los servicios prestados por su familia a la causa de la Independencia. Y con este apelativo fue conocido por los pobladores de la Puna, quienes continuaron pagando sus derechos de encomienda hasta pasada la primera mitad del siglo XIX.

Esta última cuestión se prolongó hasta la década de 1870, cuando los pobladores indígenas de Cochinoca y Casabindo impugnaron judicialmente los títulos de propiedad de Fernando Campero y sus derechos de continuar cobrando sus derechos de encomienda cuando esta institución había sido abolida en las Provincias Unidas del Río de la Plata por la Asamblea del Año XIII. Esta situación fue motivo de disputas políticas y de causas judiciales en la provincia de Jujuy, enmarcada en el enfrentamiento entre los liberales mitristas y sus oponentes federales. El gobernador Pedro José Portal (mitrista) había revocado los derechos de propiedad de Fernando Campero sobre las propiedades de Cochinoca y Casabindo, mientras que el gobernador José María Álvarez Prado le restituyó la posesión de los bienes, haciendo la provincia reserva de iniciar un juicio posterior de clarificación de títulos para verificar la procedencia de la plena titularidad del dominio. La disputa judicial entre Campero y sus impugnadores tuvo diferentes estadios, hasta que la Corte Suprema de la República Argentina resolvió la cuestión en 1877 declarando caducas e incompatibles con el régimen jurídico y constitucional argentino las antiguas mercedes reales otorgadas en encomienda sobre los pobladores de Cochinoca y Casabindo. La propiedad principal del antiguo Marquesado, la finca de Yavi, fue transmitida a los herederos de Fernando Campero Barragán y de su segunda esposa Corina Aráoz de Campero, quienes la mantuvieron en su patrimonio hasta mediados del siglo XX. Otros bienes inmuebles ubicados en la Provincia de Jujuy fueron objeto de transacciones entre la Familia Campero y sus habitantes bajo el auspicio del gobierno jujeño.

Los restantes bienes del antiguo Marquesado fueron divididos, por disposiciones testamentarias de Fernando María Campero Barragán, en 1883. Hoy la descendencia de los marqueses se encuentra esparcida en Bolivia y en el Norte argentino.

En la actualidad los fondos documentales del Marquesado del Valle de Tojo, cuyo acerbo está constituido por testamentos, cartas dotales, dispensas eclesiásticas, y otros actos relativos a la vida familiar de los Marqueses, como también otros documentos de carácter comercial, jurídico y político están depositados en el Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy. Dicha documentación está identificada como “los fondos del Marquesado del Valle de Tojo”, destinado a la consulta de investigadores.

Hubo cuatro marqueses desde su creación por la Real Cédula emitida por Felipe V, rey de España, hasta su disolución por extinción del mayorazgo de la familia Fernández Campero. El título fue reclamado en España, bajo la legislación española, durante la década de 1870 por un descendiente colateral de la familia Pérez de Uriondo, siendo reconocido por el Rey Alfonso XII, convirtiéndose en el último Marqués del Valle de Tojo. El título se encuentra extinto y ha sido eliminado de los registros del Ministerio de Justicia español.